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La Asamblea Nacional aprobó la Proforma Presupuestaria 2026 por un monto de $46.255 millones, con un incremento del 13 % respecto al año anterior. El presupuesto prioriza sectores como educación, salud y gobiernos seccionales, y entrará en vigencia el 1 de enero.
La Proforma Presupuestaria de 2026 refleja inversión en sectores prioritarios del país, entre ellos educación, salud y gobiernos seccionales, aseguró Nathaly Farinango, asambleísta por Pichincha y presidenta de la Comisión de Régimen Económico.
La militante de ADN afirmó que es importante que los ciudadanos conozcan que, para poder cubrir los gastos de la proforma, se requerirá contar con financiamiento externo.
La Comisión legislativa emitió un informe en el que recomendó al pleno de la Asamblea aprobar dicha proforma, cuyo monto asciende a 46.255 millones de dólares.
En comparación con la proforma de este año, la presidenta indicó que se registra un aumento del 13 % en la cifra global.
Los documentos de la proforma son públicos, por lo que los ciudadanos pueden acceder a ellos. Además, se verificó el cumplimiento de los mandatos constitucionales.
La Asamblea tiene la obligación de hacer seguimiento a la ejecución del presupuesto, y los informes correspondientes han sido dispuestos por la Comisión.
Farinango explicó que en 2024 y 2025, al tratarse de años electorales, se trabajó con presupuestos prorrogados. Por ello, el primero se inició en abril, mientras que el de este año entró en vigencia en agosto pasado.
“Estas anomalías, típicas de años electorales, no volverán a suceder en 2026, porque la proforma aprobada entrará en vigencia el 1 de enero, con el inicio del nuevo año fiscal”.
Preasignaciones del presupuesto
Este presupuesto fue elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas, y la Asamblea Nacional lo revisó y aprobó sin modificar ningún monto, aunque puede presentar observaciones en caso de que se produzcan incrementos en los rubros de educación y salud. Para estos sectores, un mandato constitucional dispone un aumento del 0,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
En esta Comisión se recibió a autoridades de las distintas carteras de Estado, ya que la proforma está alineada con el Plan Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El documento resume los ingresos y gastos que tendrá el país durante el próximo año. Previamente, el Ministerio revisó el cumplimiento de las preasignaciones para educación, salud, educación superior, municipios, prefecturas, juntas parroquiales, seguridad social, entre otros.
Una vez cumplido ese paso, el Ministerio asigna recursos a las demás instituciones del Estado, de acuerdo con el marco constitucional y la Ley de Presupuestos Incrementales.
En el gasto corriente, la mayor parte se destina al pago de sueldos: nueve de cada diez dólares asignados a remuneraciones corresponden a funcionarios de salud, educación, policía, fuerzas armadas y justicia. Por ello, no es posible reducir el gasto en estas áreas.
Por otro lado, se contemplan 388 proyectos dentro del gasto de inversión, enfocados en el eje social y en obras de vialidad, especialmente en la región amazónica.
Farinango indicó que el monto global de inversión en educación superior registra un incremento del 4,8 %, lo que representa más de 59 millones de dólares.
La asignación de recursos a las universidades se realiza mediante una metodología basada en indicadores que deben cumplir, como el número de estudiantes matriculados, la permanencia, el número de graduados y la ejecución presupuestaria. Estos datos son suministrados por las propias instituciones.
Por esta razón, 24 universidades recibirán una mayor asignación por la excelencia en sus indicadores en 2025. Asimismo, siete centros de educación superior tendrán modificaciones en sus recursos; uno de ellos es la Universidad Amawtay Wasi, que fue institucionalizada en 2024 y, desde este año, forma parte del Fondo Global de Universidades, por lo que cuenta con asignación para gasto corriente.
