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Profesionales de salud, justicia y educación superior presentan demandas contra la Ley de Integridad Pública. La Corte Constitucional ha recibido múltiples demandas por presunta inconstitucionalidad.
La nueva Ley de Integridad Pública tiene más “no” que un ex con rencor. Esta vez fueron los profesionales de la salud, los magistrados, jueces y profesores universitarios quienes presentaron demandas de inconstitucionalidad.
La Federación Médica Ecuatoriana encabezó la marcha del sector, que llegó hasta la Corte Constitucional para oficializar su pedido.
Según Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, la observación recae sobre toda la normativa aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 24 de junio.
El galeno señaló que buscan un diálogo con el presidente de la República y con la Asamblea Nacional, por lo que no descartó que se realicen más plantones.
Durante la marcha se escucharon consignas como: “¡Corte, escucha, la salud está en la lucha!” y “¡Noboa, escucha, la salud está en la lucha!”
Para Marian Narváez, representante del gremio de enfermeras, los reparos a la nueva normativa se deben a que es una mezcla de diferentes leyes, como las de compras públicas, servidores públicos y sanciones para menores de edad.
Asimismo, este día acudieron a la Corte Constitucional representantes de la Asociación de Magistrados y Jueces. No solo tienen reparos sobre la forma y el fondo de la ley, sino que además presentaron una medida cautelar.
Karina Rodas, presidenta de la Asociación, afirmó que no se oponen a las reformas, pero exigen que estén apegadas a la Constitución.
La Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Central también presentó otra demanda, y para esta tarde tenía prevista una movilización.
Inestabilidad laboral en la cuerda floja
La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL) presentó su demanda el día anterior.
Marcela Arellano, presidenta de la CEOSL, explicó que lo que más les preocupa es la inestabilidad que puede generar la normativa.
La dirigente sindical señaló que la ley entrega a las instituciones públicas la facultad de presentar y resolver los sumarios, convirtiéndolas en juez y parte.
Además, elimina o reduce el rol del Ministerio de Trabajo como garante de derechos.
Otra observación es que otorga a los directorios de empresas la posibilidad de suprimir puestos de trabajo.
