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El anuncio de Marlon Vargas generó malestar en comunidades como Imbabura, mientras analistas advierten una creciente orfandad política en la organización y señalan posibles infiltraciones y fuentes de financiamiento no esclarecidas.
La Conaie viene de un proceso de división por lo que acaba de pasar en este paro cree que va a empeorar ese fraccionamiento.
El analista presume que una parte de la dirigencia nacional de la organización prefirió no ser parte de ese acto de vergüenza que sucedió.
El Gobierno y Marlon Vargas, máximo dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), jugaron al un-dos previo al anuncio del levantamiento del paro.
Juan Manuel Fuertes, exsubsecretario de Gobernabilidad, señaló algunos hechos que, según él, no fueron casuales, como la cancelación de la rueda de prensa de la portavoz de Carondelet.
Con ese cambio en la estrategia de comunicación, la primicia sobre la reapertura de las vías fue anunciada directamente por el presidente Daniel Noboa.
Si bien en política pueden surgir casualidades, estas ocurren en raras ocasiones. Resulta llamativo que, momentos después, Vargas -quien había formalizado el paro el 22 de septiembre- anunciara el cese de la medida.
La Conaie atraviesa un proceso de división, y lo ocurrido durante este paro podría agravar aún más ese fraccionamiento.
El analista presume que parte de la dirigencia nacional de la organización prefirió no participar en lo que considera un acto vergonzoso.
Un paro sin logros
Fuertes no descarta que exista una especie de orfandad dentro de la dirigencia de la principal organización indígena del país.
En el caso de la vicepresidenta Ercilia Castañeda, enfrentó la protesta en Otavalo con desatenciones por parte de los dirigentes locales y una fuerte presión de las bases.
Entre las conclusiones de este paro, el experto añadió que la Conaie se retiró sin obtener siquiera una funda de canguil.
Incluso se evidenció cierto distanciamiento con los manifestantes de Imbabura, cuando el líder de la Conaie intentó persuadirlos de que levantaran la medida.
“Vargas declaró el paro nacional como una suerte de obligación literaria, porque históricamente, cada vez que se revisan los precios de los combustibles, la CONAIE ha asumido el rol de oposición inmediata al Gobierno”.
Este paro no contaba con las condiciones necesarias para ser exitoso, pero el Gobierno tampoco previó lo que ocurriría en Imbabura.
No hubo pronunciamiento sobre infiltrados
Entre lunes y martes, se observó un debilitamiento en varias comunidades. Fuertes cree que estas podrían haber condicionado la prolongación de la medida a la apertura de un diálogo con el Gobierno, lo cual no sucedió.
El anuncio de Vargas cayó “como un patazo en la canilla” en Imbabura, ya que fue hecho por alguien que no estuvo presente en la provincia, que indujo a las comunidades a un callejón sin salida y luego desapareció, para finalmente anunciar el cese de la medida. De hecho, hubo comunidades que reaccionaron negativamente.
Otro hecho relevante fue la presencia de infiltrados, ante lo cual la dirigencia indígena nunca emitió un pronunciamiento de rechazo frente a los actos vandálicos.
Además, por precaución, debieron establecer medidas para que, ante cualquier arbitrariedad cometida por un infiltrado, se detuviera esa actitud violenta y se procediera a su detención.
Varios de los manifestantes que participaron en estas jornadas incurrieron en actos que podrían encuadrarse en el delito de terrorismo.
Sobre el financiamiento del paro, se sostiene que debe considerarse el anuncio de apoyo por parte de miembros de la Revolución Ciudadana, quienes ofrecieron alimentación y asesoría legal a los manifestantes.
Aunque no existen pruebas concluyentes, no se puede descartar la sospecha de otras fuentes de financiamiento.
