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El fiscal general encargado, Leonardo Alarcón, presentó una denuncia contra tres jueces que revocaron la prisión preventiva en el caso Goleada, al solicitar que se declare error inexcusable. Mientras la Judicatura analiza el caso, la Asociación de Magistrados expresó su respaldo al Tribunal y advirtió sobre riesgos a la independencia judicial.
Leonardo Alarcón, fiscal general del Estado encargado, interpuso una denuncia ante el Consejo de la Judicatura en contra de los jueces del Primer Tribunal de la Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, en Quito, quienes revocaron la prisión preventiva contra Aquiles Álvarez y otros procesados en el caso Goleada.
El pedido busca que se declare el error inexcusable de los magistrados Silvana Velasco, jueza ponente; Wiler Chóez y Byron Uzcátegui, por la sustanciación y resolución del recurso de apelación a la prisión preventiva dentro de esta causa penal, en la que se investiga el presunto delito de delincuencia organizada.
Incluso, en el pedido se menciona la posible suspensión de los jueces, luego de que, el 2 de abril, los hermanos Antonio Álvarez y Xavier Álvarez recuperaran su libertad, al considerar el Tribunal que los elementos presentados para sustentar la medida no eran suficientes. La denuncia ya es conocida por la Unidad de Control Disciplinario de la Judicatura.
Por su parte, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj) expresó su respaldo irrestricto al Tribunal.
El gremio señaló que el Tribunal resolvió por unanimidad revocar la medida de prisión preventiva de varios procesados conforme a derecho, ya que la Fiscalía no logró justificar procesalmente la necesidad de mantener dicha medida cautelar de última ratio.
Además, condenó la acción interpuesta por el fiscal encargado, quien presentó una denuncia por un presunto “error inexcusable” en contra de los jueces.
En ese sentido, rechazó el amedrentamiento por parte de actores políticos y advirtió que utilizar el régimen disciplinario como represalia por el contenido de una sentencia constituye una vulneración flagrante a la independencia judicial.
