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Según la máxima autoridad de esa institución en el país hay un déficit de 600 fiscales. En su informe también destacó el trabajo de las unidades especializadas implementadas en los últimos seis años.
El fiscal general Wilson Toainga aprovechó la presentación del informe de rendición de cuentas 2024 para insistir al Consejo Nacional de la Judicatura concrete los procesos de selección de nuevos fiscales.
La máxima autoridad expuso que, desde el 2019 hasta la presente fecha, durante 16 ocasiones han solicitado al órgano de administración de la Función Judicial esas nuevas designaciones. Eso ante la alta congestión de nuevos casos.
Una de las quejas de ciudadanos como, Edgardo Mendoza, es que no existen suficientes fiscales en varias partes del país y que en ocasiones no han recibido la atención que se necesita.
Toainga reconoció que la institución tiene un déficit de 600 fiscales para cubrir la demanda nacional, eso de acuerdo a un valor promedio en Latinoamérica.
Actualmente hay 923 fiscalías a escala nacional, en la que laboran 887 fiscales con sus respectivos equipos.
Según el Código Orgánico de la Función Judicial establece la responsabilidad del Consejo de la Judicatura para llevar delante de selección de fiscales y funcionarios de la carrera fiscal administrativa.
Los resultados de las unidades especializadas
Otra de las preocupaciones fue la que planteó Estefanía Borja, sobre el creciente nivel de incidencia de la delincuencia.
El Fiscal General destacó que ha sido importante la creación de unidades especializadas para investigar y procesar penalmente.
Durante los seis años de la fiscal Diana Salazar, por ejemplo, las 10 unidades desarrollaron 6.851 procesos, que arrojaron 3 745 procesados y obtuvieron 195 sentencias condenatorias.
Entre los casos más relevantes del 2024 están: Nene, Blanqueo Jr. Pip Master, Amistad, Eclipse.
“El compromiso con el país es no permitir la impunidad en ninguna instancia”, aseguró Toainga.
El sistema de Protección de Víctimas y Testigos protegió el año pasado a más de 1.200 personas vinculadas con la investigación penal. Eso requirió un presupuesto de 200.000 dólares.
Mientras que, la institución ejecutó el 98 por ciento de los 143 millones dólares de presupuesto para ese período.
