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El proceso regresa a la jurisdicción de Otavalo y se amplía la instrucción fiscal hasta el 19 de diciembre. La defensa sostiene que los detenidos no son los verdaderos responsables de la quema del cuartel policial y exige una investigación objetiva.
Con la reformulación de cargos en el caso de Los 12 de Otavalo (luego 13), que pasaron de terrorismo a ataque y resistencia, el proceso regresa ahora a la ciudad de Otavalo.
En el proceso también fueron vinculadas cinco personas más, por lo que la instrucción fiscal se extendió hasta el 19 de diciembre, fecha en la que se desarrollará la audiencia preparatoria de juicio.
Inicialmente, este caso, al tratarse del delito de terrorismo, fue llevado por la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Fiscalía General del Estado, en Quito.
El Estado no ha logrado investigar ni ser objetivo en su acusación de terrorismo, un delito considerado grave.
Según el criterio de un jurista, esto implica varios factores: no se trata solo de quemar un cuartel, sino de que exista una estructura organizada que busque atacar un bien estatal.
El defensor reconoce que se quemaron el cuartel policial y vehículos, pero considera necesario investigar quiénes son los verdaderos responsables del hecho, ya que cree que no son las personas que fueron detenidas.
“Lo que nosotros queremos es que el Estado actúe con el peso de la ley para que encuentre a los verdaderos culpables”.
Cada caso estudiado
Respecto a la liberación de los 13 procesados, se ha respetado lo que establece la norma: que la prisión preventiva es de última ratio.
Yépez, abogado de cuatro procesados, explica que cada uno tiene una particularidad y un momento específico en el que estuvieron en el escenario del delito.
Luis Alberto C. declaró que llegó desde Imbabuela, ubicada a 1,5 kilómetros del lugar del siniestro, para auxiliar a los otavaleños que estaban siendo atacados.
Llegó con unos diez amigos; Luis Alfonso tocaba una ‘vuvuzela’ y los policías, creyendo que iban a ser atacados, arrojaron gases lacrimógenos.
Yépez cuestiona cómo su defendido pudo ser autor de la quema del cuartel si recién había llegado al sitio.
Gabriela Yépez, abogada defensora, indicó otro caso: el de Juan Sebastián M., detenido cuando pasaba por el lugar.
Su defendido se preparaba para prestar servicio militar, por lo que acudió al centro de Otavalo a comprar los artículos necesarios.
Yépez señaló que Juan Sebastián M. se encontraba en el parque cercano al cuartel observando lo que ocurría, cuando en un momento los policías se le acercaron y le pidieron que se retirara. Él comenzó a caminar, pero luego lo volvieron a llamar y fue detenido.
Los abogados defensores han asistido a audiencias reservadas, en las que han podido observar videos de cámaras de seguridad que muestran la hora en que comenzó la quema y el momento en que fueron detenidos.
La abogada comenta que había más de 3.000 personas concentradas alrededor del sector, y que algunos manifestantes se enfrentaban a militares.
