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En pleno corazón de Urdesa Central, un asadero instaló arbitrariamente un enorme fogón industrial de carbón cerca del hogar de una mujer de tercera edad. El calor extremo daña sus paredes, el fuego amenaza su antiguo techo de madera y el humo tóxico bloquea por completo su única ruta de escape. Mientras el peligro de una tragedia es inminente, el Municipio, los Bomberos y la Intendencia simplemente le dan la espalda con puras excusas burocráticas.
Una adulta mayor vive una verdadera pesadilla sin fin dentro de su propia casa ubicada en el sector de Urdesa Central. Su calvario comenzó por la irresponsabilidad de los dueños del predio colindante, quienes alquilaron su espacio para que funcione un asadero donde instalaron un enorme fogón industrial de carbón a escaso metro y medio de su cama y su ropero.
Los actuales arrendatarios armaron todo este negocio en un patio sumamente angosto que apenas mide 1,18 metros de ancho. Para acomodarse, tuvieron la audacia de picar las paredes de la habitación de la perjudicada sin ningún tipo de permiso o estudio estructural, anclando una losa de cemento para sostener las brasas ardientes. Esta aberración técnica genera una transferencia de calor tan extrema que históricamente ha llegado a superar los 100 grados centígrados, afectando directamente la vivienda de la anciana.
Pero el peligro más terrorífico viene desde arriba, ya que justo sobre este fogón industrial sobresale la antigua estructura del techo de madera de la casa de la víctima. Por si esto fuera poco, el humo tóxico, el hollín y los gases calientes se filtran a diario por una claraboya que da directo a la sala. En caso de un incendio, esta humareda convertiría su hogar en una trampa mortal, quitándole el oxígeno y la visibilidad en su única ruta de escape, obligándola a cruzar cuatro puertas en medio de la desesperación.
No es la primera vez que sufren este calvario
Esta grave situación no es nueva para ella, pues los mismos dueños del lugar ya habían puesto su vida en riesgo entre 2022 y 2023. En aquel entonces, le alquilaron el espacio a una empresa que almacenaba químicos cancerígenos y tanques explosivos de acetileno y gas junto a un horno industrial. Todo esto vulnerando el área privativa y pasándose por alto estrictas normativas de seguridad.
Lo que más indigna a la ciudadanía es la total omisión por parte del Municipio de Guayaquil y el Cuerpo de Bomberos. A pesar de que se han presentado aproximadamente veinte denuncias formales, las autoridades miran para otro lado. Incluso a finales de febrero de dos mil veinticinco, los bomberos declararon que el lugar no poseía las medidas mínimas de seguridad, pero de forma inexplicable, apenas siete días después emitieron un oficio asegurando que el local ya cumplía con todo lo necesario.
Buscaron ser escuchados
Ante esta burla, los afectados escalaron el problema a la Gobernación, a la Intendencia y hasta al Ministerio de Gobierno buscando auxilio, pero solo encontraron un nefasto silencio administrativo y más decepciones. En la Intendencia, un subintendente demostró desconocer por completo su obligación legal de proteger la integridad física y los bienes de los ciudadanos, lavándose las manos y devolviendo el problema al Municipio.
Por su parte, en el Ministerio de Gobierno la brillante solución fue recomendar una mesa de diálogo para negociar, propuesta que la familia rechazó tajantemente dejando claro que el riesgo de incendio, la vida y la destrucción de la propiedad privada no se conversan ni se negocian, se sancionan de oficio.
Mientras las autoridades tratan a las leyes como simples accesorios opcionales y en la Intendencia le dan paso VIP a personajes como Fabricio Correa mientras mandan a los afectados a hablar con funcionarios que necesitan un abogado al lado para entender su trabajo, una ciudadana de la tercera edad sigue pasando sus noches respirando aire contaminado, temiendo que el fuego termine arrebatándole la vida ante la mirada cómplice del Estado.
