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El Gobierno propone una ley para controlar flujos irregulares en fundaciones. Organizaciones civiles advierten que la medida podría restringir la libertad de asociación en Ecuador.
Unos 600 millones de dólares en operaciones inusuales ha reportado, en lo que va de 2025, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Carolina Jaramillo, vocera del Gobierno, también dio a conocer que existen fundaciones —sin citar nombres— que han recibido entre 10 y 15 millones de dólares, que en total superaran los 300 millones de dólares.
“Las fundaciones y organizaciones sociales que defienden causas loables no pueden verse empañadas porque algunas —quién sabe si pocas o muchas— estén desviando esas causas para, quién sabe, estar cometiendo presuntos delitos”, expresó la portavoz.
Jaramillo considera que está en debate la necesidad de contar con instrumentos legales que permitan regular a esas organizaciones.
Se refiere a la Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, enviada por el Gobierno a la Asamblea Nacional con carácter de económico urgente.
Ese proyecto está siendo analizado por la Comisión de Desarrollo Económico del Legislativo. El legislativo tiene un plazo máximo de 30 días para su aprobación.
La vocera añadió que en ese debate también debe participar la sociedad ecuatoriana, para evitar que las organizaciones sociales se conviertan en instrumentos de grupos delictivos.
La libertad de asociación podría ser afectada
Fundamedios, junto con más de 17 organizaciones de la sociedad civil, solicitó este lunes 4 de agosto ser recibida por la comisión legislativa.
La finalidad es presentar observaciones al proyecto de Ley sobre Flujos Irregulares de Capitales.
La organización considera que la propuesta gubernamental podría restringir injustificadamente la libertad de asociación en el país.
“Desde Fundamedios defendemos el rol de las organizaciones de la sociedad civil en la democracia y queremos ser parte del debate con argumentos técnicos”, señaló la entidad.
