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El asambleísta de ADN sostuvo que la investigación sobre Segura EP responde a razones de seguridad nacional y afirmó que existen indicios de que terceros tuvieron acceso a sistemas de videovigilancia y control de cámaras en Guayaquil.
Luigi García, asambleísta por la provincia de Pichincha, considera que el proceso de fiscalización sobre las presuntas vulneraciones a los sistemas de videovigilancia de Segura EP no constituye un show político ni una intervención a la autonomía de los municipios.
El legislador de ADN señaló que, si bien los gobiernos autónomos descentralizados cuentan con autonomía administrativa y financiera, ello no representa un cheque en blanco para que dispongan libremente de los recursos públicos.
Recordó que, en febrero pasado, el Gobierno intervino Segura EP debido a que ya existían indicios de que las cámaras de seguridad eran compartidas con terceros. Además, un informe técnico elaborado en noviembre de 2024 reveló la existencia de una supuesta “sala espejo”, desde la cual no solo funcionarios de la entidad podrían observar lo que ocurría en Guayaquil.
El asambleísta indicó que esos terceros no solo podían visualizar las imágenes, sino que también tendrían acceso a controles de telemetría, grabaciones, descargas, georreferenciación y control PTZ (movimiento, inclinación y zoom) de las cámaras.
García explicó que la auditoría realizada a Segura EP solo conserva registros de credenciales de acceso correspondientes a los últimos 60 días, por lo que no es posible determinar quiénes ingresaron al sistema con anterioridad. Sin embargo, afirmó que está confirmado que se habilitaron licencias para operar en esas salas espejo.
Asimismo, se refirió a uno de los audios difundidos recientemente, en el que presuntamente se escucha al expresidente Rafael Correa jactarse de que manejan las cámaras de seguridad y de que tendrían la capacidad de dirigir una de esas cámaras hacia la vivienda de una ciudadana cuyas opiniones les resulten incómodas.
García considera que esto evidenciaría que Correa y lo que denominó una especie de buró político manejan Segura EP, Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil, y tendrían capacidad para acceder a los movimientos de los dispositivos y a las grabaciones.
El legislador respaldó la moción presentada por su coideario Andrés Castillo para que este tema sea tratado por la Comisión de Seguridad Integral y Soberanía, y no por la Comisión de Fiscalización, al considerar que ningún tercero puede beneficiarse indebidamente de servicios públicos.
Según explicó, esta decisión se justifica porque se trata de un asunto relacionado con la seguridad de la ciudad más grande del país y con una presunta intromisión del crimen organizado, motivos por los cuales coincidieron en trasladar el caso a dicha comisión.
Segura EP se rige por la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que establece que el presidente del directorio es la máxima autoridad de la institución. En este caso, esa función corresponde al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien delegó sus atribuciones a Fernando Cornejo. Según García, Cornejo habría participado en la reunión mencionada por Correa, en la que presuntamente se escucha la frase: “Fernando dará todo el contingente necesario de Segura EP”.
