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En medio del paro nacional, el gobierno de Daniel Noboa, a través de Arcotel, suspendió la señal del canal comunitario TV MICC, provocando una denuncia pública por el medio.
Amaya Sevilla
La escalada del conflicto entre el Gobierno y el movimiento indígena adquirió una nueva dimensión este miércoles, 24 de septiembre, luego de que el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) denunciara la suspensión de su canal de televisión comunitario, TV MICC (Canal 47 UHF) por 15 días.
La medida, calificada por la organización como un acto de censura, fue ejecutada por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel).
Según una resolución de Arcotel, la orden de cerrar la señal por quince días busca “precautelar el orden y la seguridad nacional” ante el paro que ha sacudido al país.
La decisión, que afecta la transmisión del canal en Latacunga, Ambato y otras cinco ciudades, se ampara en un informe secreto del Centro de Inteligencia Estratégica (CIE), el cual acusa al medio de realizar «transmisiones que perjudican a la seguridad nacional».
Respuesta del MICC
El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) ha emitido una denuncia pública contra lo que considera un acto de censura directa.
El MICC, presidido por Rafael Negrete, ha calificado la suspensión como un «atropello» a la Constitución y a las normas internacionales, en particular el artículo 16 de la Carta Magna, que garantiza el derecho a la libertad de expresión, y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La organización asegura que este acto es un intento de criminalizar y silenciar la voz del movimiento indígena y campesino, exigiendo al Gobierno nacional la inmediata restitución de la señal y el cese de lo que denomina «prácticas autoritarias y de censura».
Ataques a la prensa y presión a dirigentes
En Otavalo, la labor periodística se vio comprometida cuando Riccardo Landetta, corresponsal gráfico de la agencia china de noticias Xinhua, fue despojado de su equipo de trabajo mientras cubría las protestas. La agresión, ocurrida la tarde del 22 de septiembre, fue denunciada públicamente por la oficina para América Latina de Xinhua, que exigió garantías para el ejercicio de la labor periodística, aunque no especificó la procedencia del ataque.
Este incidente se suma a una serie de agresiones registradas por Fundamedios, que contabiliza un total de 8 ataques contra periodistas, reporteros y comunicadores durante los dos primeros días del paro nacional. Mientras tanto, en un frente paralelo, diversas organizaciones y colectivos sociales han denunciado el bloqueo de las cuentas bancarias de sus dirigentes, incluyendo a líderes indígenas y defensores del agua, en lo que califican como una medida de presión.
Estas acciones ocurren en el marco de las protestas contra el Decreto 126, la defensa de la comunidad de Kimsacocha y en rechazo a la Ley de Transparencia Social.
Las medidas del Gobierno se producen en el tercer día de protestas masivas, convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel. Mientras las comunidades indígenas intensifican las medidas de hecho, como el cierre de carreteras y los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, el MICC ha exigido la inmediata restitución de la señal de su canal y el cese de lo que considera prácticas autoritarias por parte del poder central.
