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El Presidente convocó a una consulta popular para instalar una A. Constituyente sin el dictamen previo de la Corte Constitucional. Juristas y actores políticos advierten que la medida podría vulnerar el Estado de Derecho y el sistema democrático.
El presidente Daniel Noboa notificó al Consejo Nacional Electoral para que convoque a una consulta popular con el fin de instalar una Asamblea Constituyente.
Mediante el Decreto Ejecutivo 148, dispuso que se convoque a dicha consulta para que los electores se pronuncien sobre la siguiente pregunta:
¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum?
Noboa justificó su planteamiento señalando que se han presentado preguntas claras para que el pueblo se pronuncie, pero estas fueron rechazadas por activismo político.
La propuesta del régimen contempla la conformación de una Asamblea Constituyente integrada por 80 asambleístas, quienes trabajarán en ocho áreas para redactar la nueva Carta Magna.
El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, expresó su apoyo al presidente Noboa y afirmó que será el pueblo quien defina las reglas de un nuevo Ecuador.
Reacciones de juristas y políticos
Por su parte, el abogado constitucionalista André Benavides consideró que este llamado directo, sin el control previo de la Corte Constitucional, constituye una afrenta al sistema político y democrático del Estado.
El constitucionalista Ismael Quintana añadió que no existen procesos ni asambleas constituyentes ‘exprés’, y que no hay fórmula para eludir el control previo de la Corte Constitucional. “Quien le diga eso al presidente le está mintiendo y lo somete a un nuevo fracaso ante la Corte”.
Alejandro Muñoz, exsecretario general de la Asamblea, señaló que, de acuerdo con el artículo 444 de la Constitución, para convocar a una Asamblea Constituyente se debe contar previamente con el dictamen de vía por parte de la Corte Constitucional.
Finalmente, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, opinó que con esta decisión se debilita el Estado de Derecho, se abre la puerta a la arbitrariedad y se pone en riesgo el sistema democrático.
