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La Asamblea Nacional analizará un proyecto de ley urgente enviado por el Presidente Noboa para controlar flujos irregulares y regular el funcionamiento de fundaciones en Ecuador.
Desde este día, comienza el plazo para que la Asamblea Nacional trate el nuevo proyecto de Ley Orgánica para el control de flujos irregulares de capitales y el registro de fundaciones que operan en el país.
El presidente Daniel Noboa remitió al Legislativo esta nueva propuesta con el carácter de económico urgente, por lo que se dispone de un plazo máximo de 30 días.
Se trata del cuarto proyecto de ley económico urgente enviado por el Ejecutivo, que deberá ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa.
Una vez cumplido ese requisito, la propuesta será enviada a la comisión respectiva para la elaboración del texto que será debatido en primer debate.
La Asamblea Nacional, en un comunicado, explicó que este marco jurídico tiene como propósito la prevención, detección y control de flujos irregulares de capitales,
En especial aquellos relacionados con fundaciones, corporaciones, organizaciones no gubernamentales, comunitarias y otras entidades sin fines de lucro nacionales o extranjeras.
Seguir rastro de dinero
Valentina Centeno, jefa del movimiento oficialista ADN, aseguró que este proyecto está alineado con los esfuerzos para golpear las economías criminales y los flujos irregulares de capital.
Indicó que existen casos en los que las fundaciones han sido utilizadas como vehículos para financiar a grupos de delincuencia organizada, minería ilegal y paralizaciones contra el Gobierno, por lo que se busca eliminar esas prácticas.
La asambleísta manabita agregó que, con la aprobación de este proyecto, se establecerá un mecanismo para seguir el rastro del dinero y se aplicará mayor rigurosidad en las fundaciones que estén vinculadas a dichos fines.
Una de las medidas implementadas será el endurecimiento de los requisitos de información que las fundaciones deben presentar para su creación y en la rendición de cuentas al Estado.
Asimismo, descartó que este proyecto se asemeje al Decreto 16 del gobierno de Rafael Correa, el cual establecía un sistema unificado de información para las organizaciones sociales y ciudadanas.
En el caso de las fundaciones que trabajan en labores de ayuda social, estas serán protegidas.
