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Watrmi Imbabura enfocará sus esfuerzos en salud mental, prevención de la violencia y apoyo a mujeres y niños, con un presupuesto anual que no ha variado desde 2023.
Paolina Vercoutere, viceprefecta de Imbabura, dio a conocer que el programa Warmi Imbabura pondrá énfasis en 2026 en la atención de problemas de salud mental.
Para ello, se ha contratado a una psicóloga especializada en niños y jóvenes, ante la preocupación por los casos de hombres que se han quitado la vida. Un ejemplo es la parroquia Miguel Egas, en Peguche, que registra la estadística más alta de suicidios en la provincia de Imbabura.
Para febrero se alista el festival ¿Dónde está mi cabeza?, espacio en el que se abordará la salud mental. “A nivel social está legitimado que las mujeres podamos hablar de nuestros afectos, de cómo nos sentimos mal, pero socialmente a los hombres no se les permite; eso tiene repercusiones, sobre todo en hombres jóvenes”, señaló.
Asimismo, el programa entregará raciones alimenticias a mujeres jefas de hogar; las primeras beneficiarias serán mujeres que han sido atendidas por casos de violencia.
La autoridad considera que el mayor logro del año pasado fue el posicionamiento del programa Warmi Imbabura, el cual surgió como una oferta de campaña. Su objetivo central es luchar contra todo tipo de violencia de género, a través de cuatro componentes.
El primero corresponde a los centros de atención ubicados en Ibarra, Otavalo y Urcuquí. El segundo es Hampi Imbabura, que agrupa unidades de salud con medicina general y ancestral, odontología y ginecología, y que se despliegan en toda la provincia, con más de 9.000 atenciones en el último año.
El tercer proyecto es Wawa Imbabura, que atendió a 3.600 niños en 46 escuelas, principalmente del sector rural. Con Llamkana Wasi, en cambio, se impulsa la formación y la autonomía económica de las mujeres, mediante cursos de idiomas y de compras públicas.
La mayoría de las usuarias proviene de zonas rurales, principalmente de Ibarra y Otavalo. El financiamiento de Warmi Imbabura proviene del modelo de equidad territorial que el Gobierno Nacional transfiere a las prefecturas.
En este proyecto trabajan 48 personas, lo que, según Vercoutere, garantiza presencia en el territorio.
El programa cuenta con un presupuesto anual de un millón de dólares, del cual el 70 % se destina a proyectos contra la violencia. Esta cifra se mantiene invariable desde 2023 y, según la viceprefecta, resulta insuficiente para una provincia de 470.000 habitantes. No obstante, destacó que existe voluntad política para no recortar recursos en este ámbito social.
Hizo también una autocrítica al señalar que, pese a poner toda la energía en el trabajo, las acciones siguen siendo insuficientes frente a las múltiples necesidades y las restricciones presupuestarias.
Datos de violencia en la provincia
La viceprefecta Vercoutere se refirió a un estudio realizado en Imbabura que revela altos niveles de violencia psicológica, sexual y física contra las mujeres. Las zonas rurales, las mujeres indígenas y los hogares con bajos ingresos presentan las mayores vulnerabilidades.
Esta primera encuesta realizada en la provincia arrojó datos relevantes, como que el cantón Urcuquí registra más casos de violencia.
“En general, la política pública se concentra en los cantones con mayor población, como Ibarra y Otavalo, pero estos datos han dado luces para intervenir también en Urcuquí y Antonio Ante”, indicó.
En 2025, en Imbabura se registraron tres femicidios. Técnicos del programa han acompañado a las familias en los procesos de reparación y en el ámbito legal.
El racismo recrudeció durante el paro
Sobre el paro convocado por la Conaie, que se prolongó durante 31 días, la viceprefecta considera que Imbabura vivió una ocupación militar inusual.
En la provincia se registró el fallecimiento de tres comuneros, lo que, a decir de la autoridad, dejó una fractura entre los imbabureños.
Señaló que es necesario superar heridas que aún no han cerrado, como el racismo, que —según afirmó— estructura las relaciones sociales, laborales e interpersonales del Estado frente a las organizaciones. “En el lenguaje común se retoman términos racistas como algo natural”, advirtió.
Warmi Imbabura cuenta con un programa específico para atender denuncias de racismo y discriminación en el acceso a los servicios públicos, a través de sus centros de atención.
Sanción al régimen de Maduro
La viceprefecta Vercoutere afirmó que nunca estará de acuerdo con el régimen de Nicolás Maduro por violar los derechos humanos y ser responsable del éxodo de miles de venezolanos que viven en condiciones de precariedad.
Sin embargo, considera que un ataque militar de Estados Unidos a Venezuela pondría en riesgo no solo a Ecuador, sino a toda la región.
Recordó que ese país sudamericano ha dependido históricamente del petróleo desde la década de 1970 y que, debido al bloqueo existente, no ha podido desarrollar su economía.
“Si bien hay que sancionar al régimen de Maduro, al que cuestiono como defensora de los derechos humanos, también debemos analizar las condiciones geopolíticas y económicas que no han permitido que Venezuela sostenga su economía”, concluyó.
