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El asambleísta Fernando Jaramillo hizo un balance de su primer año en la Asamblea Nacional, destacó la aprobación de leyes, defendió proyectos de seguridad y planteó endurecer las penas por extorsión y peculado.
Fernando Jaramillo analizó su primer año en la Asamblea Nacional como representante de la provincia de Imbabura.
El asambleísta afirmó que, más allá de las disposiciones del jefe de bloque, ha actuado alineado con lo que considera mejor para el país.
Según el legislador imbabureño, en este primer año del período legislativo 2025-2029 se han aprobado 24 leyes. Sin embargo, Andrés Castillo, asambleísta por Pichincha, señaló que durante el primer año de gestión se entregaron al país 19 leyes en distintos ámbitos orientados a mejorar la calidad de vida.
Jaramillo replicó que la cifra de 24 leyes aprobadas corresponde al registro oficial de la Asamblea Nacional. Añadió que siempre ha votado junto a la bancada en proyectos como la Ley Orgánica de Inteligencia y Contrainteligencia, que, a su criterio, ha permitido la captura de líderes de bandas criminales.
Como vicepresidente de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, resaltó que presentó para primer debate el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica del Ambiente en materia de cambio climático, que, entre otros objetivos, busca la adaptación territorial frente a este fenómeno.
Por otra parte, Jaramillo espera que el aumento de penas por el delito de extorsión, considerado uno de los más recurrentes a escala nacional, sea aprobado por el Legislativo. Actualmente, esta reforma consta en el informe para segundo debate de las modificaciones al Código Orgánico Integral Penal (COIP).
El militante de ADN también presentó un proyecto para endurecer las penas en casos de peculado. La propuesta busca sancionar con mayor severidad a los funcionarios públicos que dilapiden fondos estatales en el ejercicio de sus funciones. Su planteamiento es que la pena pase de 10 a 13 años y, en casos más graves, de 13 a 15 años, de manera proporcional a lo que establece la Constitución del Ecuador.
El legislador imbabureño también se refirió a la propuesta de sancionar a adolescentes involucrados en delitos como sicariato con penas equivalentes a las de adultos. Recordó que la Corte Constitucional señaló que debe aplicarse el principio de proporcionalidad de la ley
Finalmente, consideró que los servidores públicos tienen la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía y demostrar si han realizado o no una buena labor. “Este es un tema de carácter profesional y de principios éticos, porque ganamos una remuneración y tenemos la obligación de devengar ese sueldo. Yo entendería que los demás asambleístas no tienen algún trabajo que mostrar o tienen algún tipo de miedo de someterse al escarnio público”, manifestó.
