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Un juez del Tribunal Contencioso Electoral dispuso la suspensión provisional por nueve meses del movimiento Revolución Ciudadana, tras admitir una denuncia de la Fiscalía dentro de la investigación del caso “Caja Chica”. La organización política anunció que presentará acciones legales.
Un juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ordenó la suspensión provisional por nueve meses del movimiento político Revolución Ciudadana (RC5) del registro de organizaciones políticas del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La decisión fue tomada por el juez Joaquín Viteri, tras admitir una denuncia presentada por la Fiscalía dentro de la investigación conocida como el caso “Caja Chica”.
El TCE recibió un oficio de Carlos Alarcón, fiscal general subrogante, remitido el 4 de marzo, en el que se informa sobre una indagación previa en contra de RC por el supuesto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos.
Dentro del caso “Caja Chica”, el 28 de enero fue allanado el domicilio de la expresidenta del movimiento, Luisa González.
Con esa tesis, Alarcón pidió al TCE la aplicación del artículo 374 del Código de la Democracia, que establece sanciones económicas o la suspensión de una organización política hasta por 24 meses.
Pero ese no fue el único antecedente. Dos días después, Santiago Díaz rindió una declaración ante la Fiscalía, en la que señaló que trasladó dinero desde Venezuela hacia Ecuador, aparentemente por disposición del expresidente Rafael Correa.
Además, el 28 de febrero pasado, la sede de Revolución Ciudadana en Quito también fue allanada para recabar nuevos indicios.
En un comunicado, RC señaló que la intención es impedir que participen con su casillero en las próximas elecciones seccionales y afirmó que el período de suspensión coincide con el proceso de inscripción de candidaturas.
La organización considera que está en juego la democracia del país, pues sostiene que ahora intentan silenciarla y que luego podría ocurrir lo mismo con cualquier otro actor que levante su voz.
Asimismo, anunció que interpondrá las acciones legales y democráticas necesarias para defender sus derechos y los de millones de ecuatorianos.
