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La Asamblea Nacional aprobó una reforma para impulsar vivienda social con beneficios tributarios para incentivar la construcción de vivienda social. La normativa busca reducir el déficit habitacional, aunque genera cuestionamientos desde la oposición.
La reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno para incentivar la construcción de viviendas de interés social y reducir el déficit habitacional fue aprobada con el texto propuesto por la Comisión de Desarrollo Económico, con el respaldo de 83 asambleístas; mientras que 60 votaron en contra y 3 se abstuvieron.
Según cifras presentadas durante el segundo debate, desarrollado en Machala, provincia de El Oro, unas 720.000 familias no cuentan con una vivienda digna. El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, aseguró que ahora las empresas podrán destinar o pagar su Impuesto a la Renta mediante la construcción directa de viviendas de interés popular.
De acuerdo con la asambleísta ponente, Valentina Centeno, la ley de vivienda social, enviada por el presidente Daniel Noboa, está orientada a quienes necesitan una casa.
La representante de Manabí añadió que la norma creará un incentivo tributario para quienes donen viviendas de interés social o recursos económicos destinados a su financiamiento.
El objetivo es promover la participación del sector privado en la generación de soluciones habitacionales y contribuir a reducir el déficit habitacional del país.
En ese marco, se incorpora una reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno que permite a los contribuyentes acceder a una rebaja de hasta el 100 % del valor donado en su Impuesto a la Renta, con un límite máximo del 30 % del impuesto causado, sin derecho a devolución.
Este beneficio aplicará tanto para la donación de viviendas que cubran el subsidio total del Estado (segmento 1) como para los aportes destinados al financiamiento parcial de viviendas (segmento 2).
“El incentivo tributario tendrá carácter temporal y estará vigente durante los períodos fiscales comprendidos entre 2026 y 2029. Durante este tiempo, el ente rector de las finanzas públicas definirá el monto máximo del gasto tributario, en función de la sostenibilidad fiscal del Estado”.
Entre los asambleístas que votaron en contra de la reforma está el Bloque Ciudadano. Diego Salas, asambleísta de la Revolución Ciudadana, señaló que no se oponen a una vivienda digna para las familias, pero sí al engaño, pues consideran que no se priorizan las necesidades de quienes no tienen techo. “Esto prioriza a las grandes constructoras”, afirmó.
Su coideario, Luis Fernando Molina, considera que se trata de la primera ley del “paquetazo inmobiliario” y que, de haberse cobrado los 90 millones correspondientes al perdón tributario, se habrían financiado al menos 1.800 viviendas de interés social.
