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El proyecto minero Loma Larga enfrenta una posible cancelación tras disputas legales, ambientales y sociales. Autoridades locales y ciudadanos rechazan la actividad minera en zonas de recarga hídrica.
El proyecto minero Loma Larga, en Azuay, tiene una alta probabilidad de no ejecutarse. Así lo dio a conocer el presidente Daniel Noboa durante su visita a la provincia, y mencionó que esta situación podría generar, a futuro, problemas legales para el país.
Noboa pidió al prefecto del Azuay y al alcalde de Cuenca que sustenten los informes sobre posibles riesgos de contaminación y que comuniquen al respecto, ya que debe acatarse una sentencia de la Corte emitida en 2022.
Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía, señaló que dicha sentencia obliga a realizar una consulta previa con las comunidades urbanas y rurales que podrían verse afectadas. Además, indicó que deben completarse los estudios ambientales correspondientes antes de continuar con el proyecto.
En mayo pasado se llevó a cabo una consulta previa que fue cuestionada, y un mes después se otorgó a Dundee Precious Metals la licencia ambiental. Sin embargo, en agosto, Manzano suspendió el proyecto hasta que la empresa presente un plan de manejo ambiental detallado, que incluya medidas de protección de las fuentes de agua.
A pocos kilómetros, en Río Blanco, Molleturo, Manzano agregó que existe minería ilegal operada por grupos de delincuencia organizada, por lo que se busca establecer la minería legal en la zona.
Noboa mencionó que, en caso de que surja un conflicto de arbitraje en el futuro, las autoridades locales deberán sustentar sus informes ante la Corte de Londres.
Una marcha en Cuenca
Juan Cristóbal Lloret, prefecto del Azuay, respondió al Gobierno señalando que la Constitución y el Código Orgánico del Ambiente establecen que es competencia del Gobierno Nacional emitir actos administrativos como la licencia ambiental en Quimsacocha.
La prefectura, añadió, remitió un informe técnico que evidencia el peligro que representa la explotación minera en esa zona. Además, expresó su disposición a fortalecer e incorporar más criterios técnicos que respalden la defensa legítima del Azuay y de Cuenca frente a dicha actividad.
Lloret acusó al régimen: “Creemos que, en el Ministerio del Ambiente, en Quito, existen funcionarios con claros intereses en favorecer a la minera”. Agregó que se emitió una licencia ambiental con irregularidades, incumpliendo una disposición judicial y la voluntad de los azuayos expresada en las urnas.
El Concejo Municipal de Cuenca decidió participar en la marcha ciudadana que se realizará el 16 de septiembre en defensa del agua, los páramos y las zonas de recarga hídrica. También rechazaron la actividad minera.
Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, afirmó que saldrán a las calles a defender lo que sus antepasados han protegido durante décadas.
El proceso
Según Andrea González, excandidata presidencial, durante el gobierno de Rafael Correa se autorizó, en 2011, la concesión minera en parte de Loma Larga –Quimsacocha– a la empresa canadiense Iamgold.
Esto dio paso a la exploración avanzada de reservas de oro, plata y cobre en 8.000 hectáreas de páramos, con títulos mineros otorgados entre 2001 y 2002.
Sin embargo, dicha concesión generó oposición entre los ciudadanos del austro. El Concejo Municipal de Cuenca aprobó una resolución que rechaza la minería metálica en zonas de recarga hídrica como Quimsacocha.
González explicó que la concesión persiste, y que en 2021 fue transferida a Dundee Precious Metals, aunque el proyecto ha sufrido retrasos debido a la oposición ciudadana.
