Los cinco detenidos en Cañar serán investigados por el delito de ataque o resistencia

La tarde de este miércoles los cinco detenidos en Cañar no serán procesados por tentativa de asesino ni terrorismo, la Fiscalía General del Estado formulará cargos por el delito de ataque o resistencia

Amaya Sevilla

Una jueza de Azogues dejó en libertad a los cinco detenidos por el ataque a la caravana del presidente Daniel Noboa, ocurrido durante su desplazamiento en el sur del país. La magistrada declaró ilegal la detención por vulneración de derechos y falta de procedimiento adecuado.

El Gobierno había señalado a los acusados por intento de asesinato y terrorismo, pero la Fiscalía reformuló los cargos a resistencia. Los liberados, entre ellos defensores comunitarios y un artista, seguirán bajo investigación mientras el Ejecutivo insiste en que el hecho fue un intento de magnicidio.

El hecho el cantón El Tambo, provincia de Cañar, enfrentarán a la justicia por delitos menores a los anunciados inicialmente por el Gobierno. La audiencia de formulación de cargos se instaló al mediodía de este miércoles 8 de octubre de 2025.

El incidente se produjo la tarde del 7 de octubre, en medio de las jornadas de paro nacional, cuando un grupo de manifestantes interceptó el convoy presidencial. Según el informe policial, los manifestantes emboscaron la caravana bloqueando la vía E35 con palos y piedras, y procedieron a lanzar objetos contundentes, causando daños significativos a siete vehículos del convoy, incluyendo parabrisas rotos, abolladuras y rayones.

Tras los hechos, las autoridades gubernamentales reaccionaron con firmeza. La ministra de Energía, Inés Manzano, quien también se encontraba en la comitiva, presentó de inmediato una denuncia ante la Fiscalía por un presunto intento de asesinato. Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, difundió las imágenes de los arrestados, asegurando que serían procesados por terrorismo.

No obstante, la Fiscalía General del Estado ha desestimado esas acusaciones. La fiscal a cargo del caso, Martha Villamarín, solicitó a la jueza Erika Álvarez, de la Unidad Judicial Multicompetente de El Tambo, una audiencia para formular cargos por los delitos de ataque o resistencia y daño a bien ajeno. Estos ilícitos, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), se sancionan con penas considerablemente menores, de hasta dos y tres años de cárcel, respectivamente.

La solicitud de la fiscalía también reveló el paradero de los detenidos. Los cuatro hombres, identificados como Jaime Arciviades G. G., Franklin Lorenzo P. P., José G. Ch. y Luis Humberto Y. G., fueron trasladados al Centro de Privación de Libertad de Azogues. Mientras tanto, María Ana Ch. Q., la única mujer del grupo fue ingresada en la Cárcel de Mujeres de Cuenca. Los detenidos encuentran en prisión preventiva a la espera de la resolución judicial. Se dispuso un período de 30 días para la instrucción fiscal, que es el tiempo que durará la investigación para recolectar más pruebas antes de la siguiente etapa del juicio.

Aunque la ministra Manzano declaró inicialmente que los vehículos presentaban «signos de bala», los informes periciales preliminares y los documentos del caso no han confirmado, por ahora, el uso de armas de fuego en el ataque, atribuyendo los daños exclusivamente a los objetos lanzados por los manifestantes.

Mandatarios internacionales se pronuncian

El caso ha generado un intenso debate en un país marcado por las protestas sociales. Estados Unidos condenó el ataque a la comitiva del presidente Daniel Noboa. «Apoyamos a las autoridades ecuatorianas en su investigación y en la rendición de cuentas, y nos oponemos a toda forma de violencia política», manifestó el gobierno de EE. UU.

Por otro lado, la presidenta de México Claudia Sheinbaum mencionó que rechazan muestras de violencia como la ocurrida el día de ayer en Ecuador y enfatizó que no se la puede llamar tentativa de asesinato. “Fueron pedradas de un grupo contra su vehículo, no podemos decir que fue intento de asesinato porque eso involucraría algo más fuerte como armas de fuego, aún así estamos a favor de que la ciudadanía del Ecuador proteste de forma pacífica” declaró Sheinbaum la mañana de este miércoles.

Mientras el Gobierno califica el acto como un atentado violento contra la institucionalidad, organizaciones indígenas denuncian una presunta represión y detenciones arbitrarias en el marco de su derecho a la resistencia. La decisión de la Fiscalía de procesar a los detenidos por delitos menores marca un giro significativo en la narrativa del suceso.