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Concejalas de Ibarra solicitaron a la Contraloría un examen especial sobre el comodato del edificio patrimonial El Torreón, cuestionando el plazo de 20 años, la baja rentabilidad para el Municipio y posibles irregularidades en el proceso.
Las concejalas María Belén Jáuregui y Mirian Ayala presentaron ante la Contraloría General del Estado un expediente sobre el comodato del edificio patrimonial del excolegio Teodoro Gómez de la Torre (El Torreón), con el fin de solicitar un examen especial que revise ese proceso.
Jáuregui indicó que el trámite fue presentado el 10 de abril pasado y que estarán a la espera de una respuesta del organismo de control.
El Municipio de Ibarra, como propietario del edificio patrimonial, a través del Concejo Municipal, es quien decide el destino de este bien inmueble. Según la ordenanza, cuando la edificación supera los 300.000 de avalúo, el trámite queda sujeto a la decisión del máximo órgano municipal.
La inversión total para la restauración de este edificio asciende a 5’339.573,72 dólares, que se distribuyen en dos contratos: uno principal y otro complementario.
El reglamento que entró en vigencia en 2016 establecía que, en el caso de comodatos de bienes inmuebles, estos serían por un mínimo de tres años y un máximo de cinco.
En noviembre pasado, una reforma a la ordenanza amplió ese plazo hasta 20 años, lo cual la edil considera excesivo y con cláusulas que blindan al privado.
El Concejo Municipal de Ibarra aprobó, en febrero pasado, un comodato mediante el cual el Municipio entregó a Innova el edificio patrimonial del excolegio Teodoro Gómez de la Torre (El Torreón).
Esa empresa pública, a su vez, entregó el bien municipal para uso, operación y explotación comercial y cultural por 20 años a una empresa privada.
Si bien Jáuregui reconoció que los contratos de comodato son factibles tanto con entidades públicas como privadas, en este caso el Concejo conoció el proceso recién este año, mientras que Innova ya llevaba adelante un proceso de selección de aliado estratégico desde el año anterior.
La concejal señaló que Innova firmó un contrato de alianza estratégica con la empresa privada GL Proyectos, la única que se presentó al concurso público. “Lo que ocurre es que se firma un contrato el 30 de diciembre, con una fecha anterior a la que llega a conocimiento del Concejo Municipal de Ibarra”.
Además, la concejala dio a conocer que el presupuesto referencial de inversión del privado es de 150.646,48 dólares, lo que no compensa la millonaria inversión realizada. La autoridad sostuvo que se debieron buscar mejores condiciones para la ciudad.
La estimación de Innova es que anualmente se obtengan ingresos por 350.331 dólares; en 20 años, la cifra ascendería a 6’818.111 dólares. La proyección de gastos sería de 289.530 dólares anuales y, en dos décadas, de 5’548.866 dólares. De la utilidad, el 3 % ingresará a la empresa Innova EP, porcentaje que Jáuregui considera bajo.
Jáuregui afirmó que Innova se tomó una atribución que no le correspondía al disponer de un bien inmueble municipal, facultad que, según indicó, compete únicamente al Concejo Municipal.
Su posición es que la municipalidad pudo haber administrado el inmueble a través de una dirección especializada, considerando sus componentes patrimonial, cultural y comercial.
