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El Gobierno aplicará un plan piloto de evaluación de servidores públicos entre octubre y noviembre. La iniciativa busca fortalecer la gestión institucional sin aplicar sanciones en esta primera fase.
Unos 58.745 servidores públicos de 79 instituciones gubernamentales serán evaluados entre octubre y noviembre.
Se trata de un plan piloto dentro del proceso nacional de evaluación del desempeño, cuya guía metodológica fue presentada este 17 de septiembre.
Esta valoración responde a la Disposición Transitoria Novena de la Ley Orgánica de Integridad Pública. En este plan piloto no se aplicarán sanciones.
La guía busca valorar y fortalecer la gestión institucional, los procesos internos y el desempeño de los servidores públicos.
El ministro subrogante Guido Bajaña indicó que, en este proceso, se establecerán objetivos, metas e indicadores cuantitativos y cualitativos.
Según el alto funcionario, se busca un mejoramiento permanente en la calidad del servicio público, en relación con las metas institucionales, el desarrollo profesional del personal y la optimización de los procesos de contratación pública.
El nuevo modelo de evaluación de desempeño establece criterios de objetividad, imparcialidad y uniformidad.
De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, entre los criterios de medición constan: la eficiencia individual, los resultados institucionales, la calidad del servicio ofrecido a los usuarios y la eficiencia en la contratación pública.
Según Gabriel Pico, subsecretaria de Normativa, los resultados que se obtengan serán fundamentales para definir patrones institucionales y consolidar un sistema de evaluación justo, transparente y basado en el mérito del talento humano.
Asimismo, la guía servirá como base para la valoración del desempeño del siguiente año, que se realizará semestralmente: de enero a junio y de julio a diciembre.
En esta misma línea, se incluye la evaluación de los funcionarios de nivel jerárquico superior y de quienes estén a cargo de procesos de contratación pública.
El informe de resultados será remitido al Ministerio de Trabajo para su consolidación y posterior socialización con las instituciones participantes.
