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El abogado de este ingeniero, de 33 años, presentó una denuncia contra los policías que lo atacaron y lo acusaron sin pruebas. Su familia exige justicia y reparación.
El 22 de septiembre de 2024 cambió repentinamente la vida de Jonathan Michael Chimbo Chimborazo.
En un incidente, este ingeniero de 33 años, recibió dos disparos presuntamente perpetrados por uniformados que habrían hecho uso progresivo de la fuerza.
Paúl Marín Lavayen, abogado de Chimbo, relató que los policías realizaron un procedimiento indebido contra su cliente cuando se trasladaba a su domicilio, ubicado en el cantón Durán, provincia del Guayas.
En ese momento, Chimbo salió a la avenida Nicolás Lapentti para ponerse a buen recaudo, pero se topó con otro grupo de policías que abrieron fuego. El hecho ocurrió la noche de ese domingo. El presunto sospechoso fue interceptado en el Puente de la Unidad Nacional.
Según Marín, el vehículo en el que viajaba Chimbo recibió 92 impactos de bala; dos de ellos le alcanzaron uno el cráneo y otro en el tímpano, dejándolo inconsciente.
El caso dio un giro cuando los agentes que intervinieron en el operativo acusaron a Chimbo Chimborazo de pertenecer a una banda delictiva.
En su testimonio, los policías afirmaron que en el sector El Recreo, primera etapa, se registraron dos fallecidos producto de disparos de arma de fuego por parte de varios sujetos que se movilizaban en una camioneta negra sin placas.
Este vehículo coincidía con las características reportadas por el ECU 911, por lo que, según el abogado, los policías habrían actuado sin aplicar otro tipo de fuerza y no detuvieron la camioneta.
El ciudadano ya había sufrido atentados previos de extorsión por un negocio familiar y, al intentar ponerse a salvo, fue lesionado por los agentes policiales.
Lesiones permanentes
El abogado denunció que, en lugar de brindarle primeros auxilios a Jonathan Michael, quien se encontraba herido, los policías lo bajaron de la camioneta.
Al no encontrar armas, lo desvistieron y lo dejaron en calzoncillos, alegando que buscaban algún tipo de tatuaje.
Incluso se había llamado a la Fiscalía y a Criminalística para realizar el levantamiento del cadáver, pero su madre, que por coincidencia circulaba por el lugar y observó la persecución policial, vio que su hijo movió un dedo y pidió su traslado urgente a una clínica cercana.
La víctima sobrevivió a dos infartos, por lo que los médicos recomendaron su traslado a otra casa de salud, donde permaneció internado durante 15 días.
La familia incurrió en gastos que superan los 120.000 dólares. Aunque sobrevivió, quedó con lesiones permanentes y necesita salir del país para su rehabilitación.
Chimbo se graduó en 2017 como ingeniero en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y, en su carrera profesional, trabajó como una planta de asfalto en Durán. No tiene antecedentes penales.
Sin embargo, el 23 de septiembre se llevó a cabo la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos contra Chimbo.
El fiscal de turno, Carlos Caranqui, formuló cargos contra el sospechoso por el presunto delito de tentativa de asesinato.
Durante el período de instrucción fiscal, que duró más de 20 días, se logró justificar que los hechos nunca ocurrieron como se había señalado.
Reparación integral
Paúl Marín Lavayen explicó que los 14 agentes no contaban con que el vehículo tenía un circuito cerrado de grabación, el cual registró los hechos ocurridos entre las 20:00 y las 21:00, incluyendo los ocho minutos de persecución.
Además, el vehículo contaba con un GPS de una empresa de rastreo, que aportó con el recorrido geográfico de Chimbo, el cual no coincidía con el lugar donde la Policía afirmaba que se encontraba.
El juez titular de la Unidad Judicial Penal del cantón Durán dictó el sobreseimiento a favor de Jonathan Michael Chimbo Chimborazo. Previamente, el fiscal emitió un dictamen abstentivo.
Por ello, ahora se plantea una denuncia por tentativa de asesinato contra los 14 policías que suscribieron el mismo parte policial.
Esta denuncia fue presentada el pasado 15 de junio. La familia busca ahora una reparación integral por haber sido víctima de este procedimiento indebido.
El abogado sostiene que los 14 agentes deberían ser privados de libertad, separados de la institución policial y sentenciados por este hecho.
