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La Comisión de Fiscalización aprobó con seis votos el informe que recomienda archivar el juicio político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. El documento será remitido al Pleno de la Asamblea Nacional, donde se tomará la decisión definitiva, mientras legisladores de oposición cuestionaron el archivo del proceso.
Seis integrantes de la Comisión de Fiscalización aprobaron este 24 de julio el informe que recomienda el archivo del juicio político contra Inés Manzano, exministra de Ambiente y Energía, para remitirlo a la Asamblea Nacional.
Los asambleístas Ana Herrera, Janeth Bustos, George Fricson y Saant Nanki votaron en contra. Herrera señaló que, aunque un juicio político puede archivarse, el delito de peculado no prescribe, por lo que no se puede aprobar un informe que recomiende el archivo con el fin de proteger a la exfuncionaria.
«No vamos a normalizar que se hayan robado o desembolsado 71 millones de dólares en un contrato cuestionado y que nadie quiera asumir la responsabilidad política por esos hechos», señaló Herrera.
Luigi García, asambleísta por Pichincha, mocionó la aprobación del informe de sustanciación correspondiente al pedido de juicio político contra Manzano, para que sea remitido a la Presidencia de la Asamblea Nacional.
El informe deberá ser conocido por el Pleno de la Asamblea Nacional, que será el encargado de tomar una decisión.
Según la bancada oficialista ADN, no se demostró que Manzano hubiera incumplido sus funciones ni que tuviera responsabilidad directa en los hechos señalados.
Ferdinan Álvarez, presidente de la Comisión de Fiscalización, se refirió a los errores que, a su criterio, se cometieron en la presentación de la solicitud de juicio político y en las dos pruebas presentadas.
El legislador sostuvo que una de las pruebas corresponde a un informe de la Contraloría General del Estado, el cual no menciona ninguna responsabilidad de la exministra.
Además, indicó que la otra prueba es un informe presentado por la minoría de la Comisión de Transparencia, que, según afirmó, no guarda relación con los hechos investigados.
También cuestionó el testimonio de un periodista, al señalar que no aportó elementos que vincularan a la exministra con los hechos señalados.
Álvarez añadió que la Corporación Eléctrica del Ecuador realizó el pago del contrato a las 11:00, mientras que el decreto ejecutivo mediante el cual Manzano fue designada ministra se suscribió a las 18:00 del mismo día, por lo que, según su argumento, ella no tenía responsabilidad en ese proceso.
Álvarez reconoció sobre la indignación que tuvo el país con el caso de corrupción con los contratos de ATM y Progen.
