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Once personas, entre ellas Aquiles y Antonio Álvarez, fueron detenidas por presunta delincuencia organizada en el caso Goleada, mientras autoridades locales y líderes políticos denuncian un uso político de la justicia.
Un total de 11 personas, entre ellas los hermanos Aquiles, Antonio y Xavier Álvarez, fueron detenidas este martes 10 de febrero de 2026 con órdenes de detención con fines de formulación de cargos por presunta delincuencia organizada.
En el denominado caso Goleada, se incautaron teléfonos celulares, dispositivos USB, computadoras, dinero en efectivo y documentos que guardarían relación con la investigación, durante los allanamientos realizados.
La madrugada de este martes sacudió al puerto principal con la detención del alcalde, quien es investigado por lavado de activos y defraudación tributaria.
Los 11 detenidos fueron trasladados a Quito para enfrentar a la justicia en el Complejo Judicial Norte.
Antonio Álvarez, presidente de Barcelona SC, también fue detenido, lo que obligó al equipo a nombrar de urgencia una directiva interina.
Al momento de su detención, Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, no portaba el grillete electrónico, una medida cautelar dispuesta dentro del caso Triple A, en el que es indagado por la presunta comercialización ilegal de hidrocarburos.
Tras la detención de Álvarez, la vicealcaldesa Tatiana Coronel tomó las riendas del Municipio. Advirtió que el puerto principal no permitirá este atropello y que defenderán al alcalde con todo lo que tienen.
Coronel aseguró que se trata de una factura política, ya que Aquiles ha sido una piedra en el zapato para el Gobierno. Criticó con dureza que la justicia sea un lince para perseguir opositores, pero una tortuga frente a los casos de corrupción real. Sentenció que defender a Álvarez es defender el derecho a disentir, y que ni Guayaquil ni el país se quedarán mudos.
El asambleísta Raúl Chávez calificó la detención de Aquiles Álvarez como una cortina de humo para tapar la falta de obras. Aseguró que se utiliza la justicia para perseguir a los opositores y desviar la atención de los problemas reales.
Para él, se trata de un abuso de poder vinculado a las irregularidades de la Judicatura.
Por su parte, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, expresó su solidaridad con la familia del alcalde y con el pueblo de Guayaquil, señalando que se utiliza la política para eliminar a quienes piensan diferente, lo que evidencia las peores formas de autoritarismo.
