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Ibarra enfrenta un aumento de la inseguridad mientras una ordenanza clave de seguridad, aprobada en 2022, nunca se implementó. La falta de control y coordinación ha permitido que varias medidas queden en el papel, facilitando la operación de grupos delictivos.
Ibarra enfrenta una creciente ola de inseguridad mientras una ordenanza clave, presentada en 2022 como una solución integral, nunca fue aplicada. La Ordenanza de Seguridad Integral y Convivencia Ciudadana quedó archivada, mientras el crimen gana terreno en las calles.
El problema no radicaría en la falta de normativa, sino en su incumplimiento sistemático. Varios artículos contemplaban medidas concretas que, de haberse ejecutado, habrían limitado la movilidad y operación de grupos delictivos.
El artículo 42, sobre circulación vehicular, establecía la retención de vehículos sin identificación. Sin embargo, actualmente motocicletas sin placas circulan libremente, muchas veces vinculadas a delitos.
El artículo 41, referente al transporte en taxis, exigía sistemas de alerta en tiempo real para proteger a los conductores. La falta de control ha dejado al gremio expuesto a asaltos y ataques.
El artículo 47, sobre el registro en hospedajes, obligaba a reportar a los huéspedes a la Policía. La no implementación de este sistema ha permitido que delincuentes operen sin dejar rastro en la ciudad.
El artículo 48 disponía la coordinación institucional mediante acciones conjuntas entre la Policía, las Fuerzas Armadas y los agentes municipales. En la práctica, la ausencia de operativos y patrullajes evidencia una desconexión total.
La situación actual revela una ciudad con normas que existen solo en el papel. Mientras tanto, ciudadanos y sectores productivos enfrentan las consecuencias de una seguridad debilitada.
