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El exsubsecretario Juan Manuel Fuertes señala que el paro actual muestra tácticas más agresivas. Critica la falta de diálogo y advierte que el conflicto refleja una crisis social más profunda.
En el actual paro existen elementos que marcan una diferencia importante con las manifestaciones ocurridas en años anteriores.
Juan Manuel Fuertes, exsubsecretario de Gobernabilidad, señala entre ellos la utilización de armas artesanales que pueden causar graves daños, la destrucción del comando de la Policía Nacional y el incendio de vehículos.
Además, indica que los manifestantes ya no permanecen únicamente en zonas cercanas a sus comunidades, sino que también se movilizan hacia las ciudades para impedir que los negocios funcionen con normalidad.
Se ha observado a manifestantes caminando por las calles portando garrotes y con puntas filosas de acero, lo que incluso impide la circulación vehicular.
Anteriormente, la modalidad del movimiento indígena durante los paros consistía principalmente en el bloqueo de vías entre provincias.
Esa práctica fue común durante las últimas décadas, aunque también desembocó en enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública.
Fuertes considera que actualmente hay manifestantes con formación específica para desplegar tácticas que provocan temor en la población y colocan al Gobierno Nacional en una situación difícil.
Una protesta preparada
Los acontecimientos violentos en Otavalo reflejan, según Fuertes, la incompetencia de quienes han ejercido la Gobernación de la provincia en los últimos tiempos.
Esta situación de desconcierto no pudo pasar desapercibida para las autoridades políticas ni para las unidades de inteligencia del Estado.
“Esto no es fortuito, no surge espontáneamente; por lo visto, ha habido toda una preparación”, afirmó.
Se han observado tácticas más agresivas y complejas por parte de los manifestantes, lo que complica la respuesta represiva.
Según el experto, una muestra de ello es que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) declaró un paro nacional que persiste en Imbabura con una violencia inusual.
Este problema debe analizarse no solo como responsabilidad del régimen, sino como un desafío para toda la sociedad.
Las protestas de 2019 y 2022 dejaron experiencias negativas que debieron ser evaluadas desde distintos sectores.
Estas medidas de hecho también evidencian dificultades como las generadas por el racismo, y no se puede ignorar que los pueblos indígenas han sido históricamente postergados.
Tres alternativas para resolver el conflicto
Juan Manuel Fuertes también considera que el Gobierno Nacional nunca contempló el diálogo como una opción real.
A lo largo de los 23 días de paro han existido oportunidades para atender las demandas de los manifestantes.
Según Fuertes, hay tres alternativas para resolver un conflicto de esta magnitud: que el paro finalice por sí solo, el diálogo o el uso de la fuerza.
Afirma que la autoridad optó por la primera y la tercera, esperando que los manifestantes se agotaran para luego emplear la fuerza pública y restaurar el orden.
Sin embargo, cree que no contaron con información precisa o subestimaron el abastecimiento financiero que permitió prolongar el paro.
No se actuó desde el inicio, como era previsible.
Cuando el paro avanzó más allá del tercer día, lo mínimo que debía sospecharse era quién estaba financiando el movimiento, lo que indica que los recursos provienen de algún lado.
El panorama implica riesgos para ambos lados. Por parte de los manifestantes, existe el peligro de ser detenidos o sufrir algún daño.
En cuanto a la fuerza pública, se debe reconocer que los militares no están preparados, ni táctica ni estratégicamente, para enfrentar a delincuentes, por lo que al salir a las calles asumen un alto riesgo.
Los videos que circulan muestran que lo ocurrido entre indígenas y militares no es una simple represión de protesta, sino una situación que ha escalado hasta el nivel del caos.
