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Una investigación periodística señala que el bombardeo en Sucumbíos habría afectado una granja lechera, mientras autoridades sostienen que se trató de un objetivo criminal. El caso genera controversia por la participación de Estados Unidos y denuncias de posibles violaciones a DD.HH.
Una investigación del New York Times reveló que un bombardeo militar realizado a inicios de marzo en Sucumbíos, en la frontera con Colombia, habría destruido una granja lechera y no únicamente un campamento criminal, como aseguraban las autoridades.
Lo que hace más complejo este caso es la confirmada participación de Estados Unidos. Según el reporte, fuerzas especiales estadounidenses brindaron asistencia al Ejército ecuatoriano e incluso desplegaron un helicóptero militar para apoyar la operación, aunque sin realizar disparos directamente.
El Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador se refirió a la publicación de la prensa estadounidense y señaló que la operación se desarrolló en el marco de la fase “Ofensiva Total”, ejecutada por las Fuerzas Armadas del Ecuador con apoyo de Estados Unidos, en contra de estructuras del crimen organizado transnacional vinculadas al Grupo Armado Organizado “Comandos de la Frontera”.
En un comunicado publicado en redes sociales, el Ministerio de Defensa aseguró que está dispuesto a investigar cualquier situación relacionada con derechos humanos.
Sin embargo, añadió que en el lugar donde se realizó la operación militar se encontraron indicios de actividades ilícitas, entre ellos un fusil semiautomático y un alimentador con 30 cartuchos.
Asimismo, durante la intervención, cuatro ciudadanos colombianos, presuntamente vinculados a “Comandos de la Frontera”, fueron aprehendidos con fines investigativos. Esta acción se basó en información de inteligencia obtenida con apoyo de Estados Unidos.
El área fue reconocida, asegurada y aislada antes, durante y después de la operación para evitar daños colaterales. En ese sentido, se descartó que la zona intervenida correspondiera a una granja lechera, ya que en el sector no existía presencia de ganado ni actividad productiva de ese tipo.
En las zonas de seguridad del Estado se contemplan 40 kilómetros de frontera como un espacio destinado a la defensa nacional, donde no está permitida la existencia de construcciones o asentamientos no autorizados; por lo tanto, cualquier edificación en estas condiciones constituye un delito.
En el lugar -según las autoridades- se planificaban acciones criminales que derivaron en hechos graves contra el país, como el asesinato de 11 militares en Alto Punino y un ataque armado contra personal de inteligencia de las Fuerzas Armadas, que dejó un militar fallecido y cuatro heridos.
Alias “Mono Tole”, vinculado a estas estructuras, es un objetivo de alto valor buscado por autoridades de ambos países y consta en el listado de los más buscados en Colombia.
Sin embargo, la otra cara de la moneda presenta una versión distinta. Líderes comunitarios de Lago Agrio denuncian que en la zona atacada existían viviendas de campesinos inocentes. Además, existen reportes y videos que mostrarían a uniformados realizando disparos disuasivos mientras se llevaban detenidos a varios hombres días antes del bombardeo, lo que suma graves acusaciones de presuntas torturas contra la población civil.
