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Los primeros en retornar al reclusorio ibarreño, luego de que se aceptara el recurso de habeas corpus, fueron Alfredo P., Diego Armando L., y Luis Alberto C., quienes necesitan tratamiento médico urgente.
El recurso de habeas corpus presentado por 10 detenidos por presunto terrorismo permitió que regresen al Centro de Privación de Libertad Nro 1 de Imbabura. Solo tres de los implicados ya se encuentran en Ibarra y los siete están a la espera de ser traídos desde el Centro de Privación de Libertad Nro 1 de Manabí, más conocido como “El Rodeo”. El pedido se realizó a Jhon Reimberg, ministro del Interior y Mauricio Mayorga Vallejo, director del SNAI.
En la audiencia se conoció que los acusados deben regresar a la cárcel imbabureña ya que deben permanecer dentro de su entorno por su nacionalidad Kichwa Otavalo. La defensa de los ciudadanos aseguró que llevarlos a Portoviejo fue una decisión arbitraria, ya que la única justificación fue que los llevaban por un tema de seguridad.
Lo que alegó la defensa de los otavaleños
Los abogados aseguraron que incluso el clima de Portoviejo, afectaría a su dignidad porque viven en una zona de la Sierra Norte. “Tres de estas personas tienen problemas de enfermedades graves, Alfredo P., tiene 41% de discapacidad visual, Diego Armando L., padece de epilepsia y Luis Alberto C., tiene autismo. Son personal que necesitan atención médica”, aseguraron.
Otro de los argumentos usados por los abogados fue que tendrán que trasladarse hasta Portoviejo junto a los familiares y que se encuentran lejos de ellos, agravando más su situación de privados de libertad. En este pedido, no estuvieron incluidos los dos reclusos de nacionalidad venezolana, quienes permanecen detenidos en Portoviejo y Esmeraldas.
Aceptaron el pedido y esperan el retorno
Por estos pedidos, el juez encargado aceptó el recurso impuesto y ordenó el traslado inmediato de los siete detenidos restantes a Ibarra, además solicitó de forma urgente que a los tres reclusos que ya se encuentran en Imbabura, se les realice una valoración médica para asegurar que reciban atención y medicinas y no empeoren sus condiciones.
Los implicados están acusados de terrorismo, delito sancionado en el artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y podrían ser sentenciados con penas privativas de libertad de 16 a 26 años, dependiendo el grado de responsabilidad individual que tengan en el incendio del Comando de Policía de Otavalo, suscitado la tarde del 22 de septiembre.
