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El paro en Imbabura dejó al descubierto la falta de liderazgo y capacidad de respuesta de autoridades locales y del Gobierno. Las pérdidas superan los 60 millones de dólares y persiste el riesgo de fractura social por racismo y xenofobia.
Los 31 días de paro en Imbabura pusieron a prueba la falta de liderazgo de los alcaldes y del prefecto de la provincia, quienes brillaron por su ausencia.
Para el analista político Álvaro Varela, durante su gestión no demostraron capacidad para enfrentar los problemas inherentes a la política.
El primer señalamiento recae sobre la alcaldesa Anabel Hermosa, quien no comprendió que, en este conflicto, no debía asumir una postura política frente a los hechos. Por el contrario, debía convertirse en la representante de todo el cantón.
No era momento para pensar en réditos políticos ante un escenario tan crítico como el que se presentó en la ciudad de Otavalo, en la provincia de Imbabura.
Las autoridades, como alcaldes o prefectos, debieron entender el rol que les corresponde ejercer desde el mando.
Tanto la Prefectura como la Alcaldía de Otavalo, considera el analista político, incurrieron en fallas: se replegaron y terminaron siendo funcionales a los intereses de los manifestantes.
Sin embargo, Varela considera que no tuvieron la intuición política necesaria para capitalizar su intervención.
“El escenario en el que se desarrolló esta paralización, y el protagonismo político que intentaron asumir estas autoridades, no estuvo a la altura de las demandas ciudadanas”, afirmó.
A su juicio, quedó en evidencia una falta de liderazgo, capacidad, comprensión y conocimientos, lo cual puede ser corroborado por la ciudadanía.
Además, se percibió que su prioridad fue conservar su capital político, lo que reflejó una actitud cómoda e irresponsable frente al caos vivido.
Reconstruir la confianza
En Imbabura, las pérdidas económicas bordean los 60 millones de dólares. Por ello, todos los sectores deben trabajar en la reconstrucción de la confianza y en la restauración del tejido social, para que las comunidades vuelvan a complementarse.
Varela advierte que no puede permitirse una sociedad dividida, ya que, a corto y largo plazo, los problemas de racismo y xenofobia podrían agravarse, sumándose a los daños ya existentes en bienes públicos y privados.
Los municipios y la prefectura deben diseñar propuestas que permitan a los emprendedores sobrevivir tras el mes de caos. Sin embargo, esto no parece estar dentro de las prioridades ni de la comprensión de las autoridades.
Estrategia de Gobierno
Al Gobierno también le pasó factura la falta de funcionarios capaces de responder ante una coyuntura como la movilización.
No cuenta con un gobernador, y el funcionario designado para ese cargo durante la convocatoria al paro por parte de la Conaie no estuvo a la altura de sus responsabilidades.
El Gobierno optó por una estrategia de desgaste, buscando someter tanto a los manifestantes como a la ciudadanía a una especie de agotamiento.
Además, los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil no lograron encontrar los canales adecuados para expresar su postura frente a estos acontecimientos.
