sábado , 15 agosto 2026

Red de lavado habría movilizado USD 1.700 millones en el sistema financiero

Un operativo ejecutado en varias provincias dejó 11 detenidos y permitió desarticular una presunta red de lavado de activos que habría movilizado cerca de USD 1.700 millones mediante empresas fachada vinculadas a estructuras criminales.

Se ejecutaron 13 allanamientos en los cantones Guayaquil, Samborondón, Daule, Yaguachi y Antonio Elizalde, en la provincia de Guayas; Quevedo, en Los Ríos; y Quito, en Pichincha, este 20 de marzo. En estas operaciones se detuvo a 11 personas, entre ellas un oficial de Policía, y otras tres fueron retenidas para investigaciones.

La Policía desplegó el operativo ‘Emporio Presidiario’, en el que presuntamente desarticuló una organización dedicada al lavado de activos que habría movilizado cerca de USD 1.700 millones en el sistema financiero nacional.

John Reimberg, ministro del Interior, indicó que este operativo constituye, posiblemente, el mayor golpe a la economía criminal de Los Choneros, a quienes se les imputan estos movimientos económicos. Durante los registros se incautaron teléfonos celulares, equipos informáticos, vehículos y tarjetas bancarias, indicios con los que se espera profundizar las investigaciones.

Las investigaciones se desarrollaron desde enero de 2025 por la Unidad Antilavado de Activos con base en un ROII, periodo en el que se identificó a esta red delictiva con presencia en varias provincias del país.

En sectores como transporte, alimentación, producción y seguridad privada, la organización empleaba empresas de fachada para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito.

Villagrán, junto con su círculo familiar, utilizó sus empresas, dedicadas a estas áreas, para ‘blanquear’ dinero.

Reimberg indicó que el estadounidense Richard Villagrán Freire, representante del holding empresarial Riasem, lideraba esta estructura delictiva que presuntamente se dedicaba al lavado de activos.

Dentro del entramado, las sociedades Provisión de Alimentos S.A. (Provisali) y Lafattoria S.A. absorbieron depósitos en efectivo en sus cuentas y en las de sus empleados, realizados por personas con las que no mantenían ningún tipo de relación comercial, societaria o económica. Según un comunicado del Ministerio del Interior, en su mayoría se trataba de individuos con procesos judiciales por delitos como asesinato o ingreso de artículos prohibidos.

También se detectaron transferencias vinculadas a la empresa Corganpecsa, afín a la cónyuge de Adolfo Macías, alias ‘Fito’, Inda Peñarrieta, prófuga de la justicia y procesada en el caso Blanqueo Fito por lavado de activos. Asimismo, se identificaron movimientos relacionados con ex empleados y el círculo familiar de Azhael Roldán, sentenciados en el caso Blanqueo JR, con lo cual se buscaba dar apariencia de legalidad a activos de origen ilícito en el periodo 2017-2025.

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