sábado , 15 agosto 2026

Respaldo a la marcha del gobierno choca con alertas de organismos internacionales

El presidente Noboa lideró una marcha inédita hacia la Corte Constitucional en defensa de la seguridad. Organismos internacionales y actores sociales advierten sobre riesgos a la independencia judicial.

La tensión entre el Gobierno Nacional y la Corte Constitucional alcanzó uno de sus puntos más altos este martes 12 de agosto.

El presidente Daniel Noboa participó junto a colaboradores del Gobierno y militantes del movimiento oficialista ADN en una marcha hacia las inmediaciones de la Corte Constitucional.

Noboa lideró esta inédita movilización, que podría ser la primera vez en la historia del país en que un mandatario se manifiesta contra la Corte. El presidente afirmó que marcharon por el país y por la seguridad.

El pleno del máximo organismo de justicia constitucional respondió mediante un comunicado que los espacios apropiados para debatir la constitucionalidad de las normas impugnadas son las audiencias públicas, las cuales iniciarán el próximo 18 de agosto.

Las leyes impugnadas por diversas organizaciones están siendo tratadas con celeridad, objetividad y apego a la Constitución, aunque aún no se ha tomado ninguna decisión de fondo, agregó.

En las inmediaciones de la Corte Constitucional, esta mañana se retiró sin previo aviso el vallado perimetral, pero horas después fue restituido. También se observó un despliegue inusual de militares en los alrededores de la entidad.

Presión contra la Corte

En las avenidas Patria y 6 de Diciembre se instalaron vallas con los rostros de los nueve jueces, lo que, según la Corte, constituye una forma de estigmatización que incrementa el riesgo a la seguridad e integridad de cada uno de ellos.

Organizaciones internacionales de derechos humanos rechazaron durante esta jornada los ataques contra los magistrados de la Corte.

Según Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dichos ataques son inaceptables, y las autoridades deben garantizar la independencia de la Corte y la seguridad de los jueces y del personal.

Por su parte, José Suing, presidente de la Corte Nacional de Justicia, expresó su preocupación por estas acciones, que a su criterio afectan la institucionalidad del país. Consideró que las discrepancias de criterio son naturales, pero deben resolverse por cauces legales.

Para Santiago Basabe, politólogo y docente universitario, colocar los rostros de los jueces bajo la idea de que son responsables de quitar la paz al país es un acto de bajeza humana y miseria política.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, también se pronunció con tono político: “Prometieron llenar las calles y apenas lograron juntar un puñado de personas, muchas traídas en buses desde otros cantones”.

Incluso la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) cuestionó la marcha del Gobierno. En un comunicado difundido en sus redes sociales, calificó el acto como una forma de amedrentamiento y presión política, propia de regímenes autoritarios.

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