La Naranja Ec Noticias 'fresh' del Ecuador y el Mundo
Alertan sobre retrocesos en derechos laborales y protección ambiental. El Gobierno ejecutó una reestructuración estatal con la reducción de ministerios y el despido de miles de funcionarios.
El despido de 5.000 servidores públicos ha generado una serie de reacciones en el país, tanto en el ámbito sindical como en el político.
Paralelamente, el Gobierno inició las notificaciones a los funcionarios que fueron desvinculados de distintas entidades.
El régimen anunció, el 24 de julio, el recorte de 20 a 14 ministerios y de 9 a 3 secretarías, y la desvinculación masiva de servidores públicos.
El presidente Daniel Noboa afirmó que esta difícil decisión busca “sacar a la gente que no estaba comprometida con el país” y brindar oportunidades a jóvenes y profesionales que no han tenido ocasión de servir a la nación.
Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas, indicó que ayer fueron desvinculados funcionarios de esa cartera de Estado, entre ellos, coordinadores financieros que solicitaban dinero para agilizar pago a contratistas.
Además, había servidores públicos que eran contratistas del Estado.
El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) denunció una presunta violación de derechos laborales y la falta de información técnica sobre el Plan de Eficiencia Administrativa.
También señalaron que no existe una hoja de ruta clara sobre cómo se unificarán los ministerios y secretarías.
Edwin Bedoya, presidente del FUT, anunció que se convocará a una convención nacional de organizaciones sociales para acordar medidas de movilización y acciones jurídicas internacionales.
Críticas a fusión de ministerios
La fusión del Ministerio de Energía y Minas con el Ministerio del Ambiente también ha generado críticas.
Para Alexandra Almeida, de Acción Ecológica, se trata de “una cosa absurda”, ya que en ninguna parte del mundo la autoridad petrolera y minera tiene a su cargo el control de áreas protegidas.
Se refiere a la reciente aprobación, por parte de la Asamblea Nacional, de la Ley de Áreas Protegidas, en la que se establece que la autoridad nacional debe controlar este servicio.
Se tiene prácticamente la liquidación de las áreas protegidas con esos dos cuerpos legales: la desaparición del Ministerio del Ambiente y, por otro lado, la Ley de Áreas Protegidas, afirmó.
Asimismo, Amazon Frontlines señaló que la fusión implica la desaparición de ministerios como el del Ambiente y el de la Mujer.
En el caso del Ministerio del Ambiente, se verán afectados los procesos y procedimientos relacionados con la exploración y explotación de recursos naturales no renovables.
La Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos consideró esta fusión como un retroceso institucional.
Por el contrario, pidieron al Gobierno que dé marcha atrás a estos cambios, que garantice la sostenibilidad institucional y que se redistribuya adecuadamente el presupuesto del Estado.
