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Los sospechosos son hermanos y uno de ellos fue aprehendido en el cantón Antonio Ante, mientras el otro implicado estaba detenido en el Centro de Privación de Libertad Nro 1 de Carchi. El operativo fue ejecutado por efectivos policiales de la UNASE.
Efectivos policiales de la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestro y Extorsión (UNASE), ejecutaron el operativo “Libertad 256”, en donde detuvieron a dos hermanos, presuntamente implicados en el delito de extorsión. La intervención fue coordinada por agentes investigadores del norte del país y Ambato, lugar donde se encuentra la víctima que denunció el caso.
El hecho delictivo se registró el 27 de febrero, cuando el ciudadano Willian A., comerciante de la ciudad de Ambato, comenzó a recibir mensajes de carácter extorsivo a través de WhatsApp, en los cuales sujetos desconocidos le exigían la suma de 5.500 dólares, bajo amenazas de atentar contra su vida y la de su hija, a quien aseguraban tener plenamente identificada.
“Ante esta situación, la víctima realizó un pago inicial de 30 dólares, mientras personal especializado de la UNASE inició las investigaciones correspondientes mediante técnicas investigativas de campo y análisis tecnológico, con el objetivo de identificar y ubicar a los responsables”, informaron desde Policía Nacional.
La captura de los presuntos implicados
Luego de empezar con la investigación, los uniformados ejecutaron un operativo policial en Antonio Ante, que posteriormente se extendió hasta el Centro de Privación de Libertad Nro 1 de Carchi, sitios donde aprehendieron a dos sospechosos de estar vinculados con este hecho.
Los sospechosos responden a los nombres de: Bryan Steven C., de 25 años de edad, quien no registra antecedentes penales; y Richard Andrés C., de 35 años de edad, quien registra un antecedente por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización y estaba recluido en la cárcel de Tulcán.
Durante el procedimiento los policías levantaron como indicios un teléfono celular y un comprobante bancario. Los aprehendidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente en la provincia de Tungurahua, donde realizaron la denuncia, para que se determine su situación jurídica.
