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Un estudio pionero en Imbabura revela altos niveles de violencia psicológica, sexual y física contra las mujeres. Zonas rurales, mujeres indígenas y hogares con bajos ingresos muestran las mayores vulnerabilidades.
El 55,1 % de las mujeres encuestadas ha sufrido algún tipo de violencia de género a lo largo de su vida.
Ese es uno de los resultados que arrojó la primera Encuesta Provincial sobre Violencia Basada en Género Imbabura 2025.
Se trata de un estudio pionero a escala nacional, realizado por la consultora Clima Social, con el respaldo técnico y financiero de la Cooperación Alemana GIZ.
Se levantaron 2.601 entrevistas en toda la provincia, generando una base de datos nueva.
Según Santiago Pérez, director de Clima Social, la metodología adaptada incluyó la capacitación de encuestadoras bilingües -kichwa y castellano-, lo que permitió acceder a hogares históricamente excluidos.
Las tipologías más frecuentes en este diagnóstico estructural de la violencia de género son: psicológica (41,7 %), sexual (32,6 %), física (19,2 %), política (8,4 %) y económica (7 %).
Entre tanto, Urcuquí (61,2 %), Antonio Ante (60 %) y Otavalo (56,2 %) están entre los cantones con mayores prevalencias.
En el primer cantón, por ejemplo —un territorio rural que ya destacaba en estudios nacionales—, emerge como zona crítica que evidencia la necesidad de intervenciones.
Ámbitos de violencia
En cuanto a los ámbitos donde ocurren actos de violencia: En educación: el 64,6 % de los agresores son pares varones y el 18,7 % pertenece al personal educativo.
En el trabajo: el 52,1 % ha sufrido violencia laboral; los principales agresores son clientes (32,6 %) y jefaturas (20,7 %).
En la familia: el 29,8 % ha enfrentado violencia dentro del núcleo familiar.
En la pareja (últimos 12 meses): mujeres kichwas (24,3 %), afrodescendientes (21 %) y mestizas (19,5 %).
En la comunidad: se registran agresiones en mingas, cabildos, ferias y espacios públicos. Mujeres indígenas y afrodescendientes identifican prácticas sistemáticas de discriminación y violencia simbólica, frecuentemente naturalizadas.
Otro de los datos que revela el estudio son las graves inequidades socioeconómicas que perpetúan la violencia: el 83,6 % de mujeres no accede a seguridad social y solo el 7,6 % tiene empleo formal.
El 63,9 % de los hogares presenta ingresos bajos o medio-bajos; en cambio, apenas el 3,1 % de las mujeres logra generar ahorro.
Además, el 28,2 % reporta dificultades visuales, el 7,3 % auditivas y el 17,9 % limitaciones motrices.
No obstante, apenas el 2,3 % posee una calificación oficial de discapacidad. El 6 % presenta enfermedades catastróficas, situación que incrementa la necesidad de atención diferenciada.
Para la viceprefecta de Imbabura, Paolina Vercoutere, este estudio llena un vacío histórico de información: “Ahora sabemos que territorios como Urcuquí y Antonio Ante concentran cifras de violencia que nunca fueron visibilizadas a escala nacional.
Esto nos obliga a revisar nuestras políticas internas y a exigir al Gobierno central que cumpla su rol rector, que hoy está ausente”.
